Ministra Irene Vélez aclara polémica por contrato de su esposo con el Gobierno Petro

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se pronunció sobre el reciente escándalo relacionado con el millonario contrato que su esposo, el cineasta holandés Sjoerd van Grootheest, obtuvo con el Gobierno Petro. Además, aclaró el error en su declaración de conflictos de interés, donde inicialmente mencionó a Van Grootheest como su esposo y luego actualizó el documento indicando que no tiene pareja permanente.

Según Vélez, se trató de un "error de digitación" que ya fue corregido. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la ministra aseguró que no existe ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en relación con el contrato y las actividades de su esposo. Además, enfatizó que las actividades de Van Grootheest no están vinculadas a sus funciones como ministra.

"Las actividades que ejerce mi esposo no son nuevas, las ejecuta desde hace años y su trabajo es reconocido", explicó Vélez en un breve hilo de Twitter. "No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones. Como cualquier familia en Colombia, trabajamos por la sostenibilidad de nuestros hijos y los gastos del hogar", añadió.

La ministra también destacó que el error en su declaración de conflictos de interés fue corregido oportunamente y reafirmó su compromiso con la transparencia y la ética en el ejercicio de su cargo. "Mi labor como ministra se rige por los principios de integridad y servicio público", aseguró.

La polémica generada por el contrato de Van Grootheest con el Gobierno Petro ha generado críticas y cuestionamientos por parte de algunos sectores. No obstante, la ministra Vélez reiteró su posición de que no existe ninguna relación entre dicho contrato y su desempeño como funcionaria pública.

Las declaraciones de la ministra buscan poner fin a la controversia y aclarar cualquier duda sobre posibles conflictos de interés. Sin embargo, se espera que las investigaciones pertinentes continúen para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas éticas en el ámbito gubernamental.