Investigan la muerte de una adolescente tras someterse a una cirugía estética
Su padre denunció que la madre y el padrastro, cirujano de profesión, autorizaron el procedimiento sin consentimiento
La ciudad de Gómez Palacio, en Durango, quedó conmocionada tras la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que se sometió a una cirugía estética autorizada por su madre y practicada por su padrastro, el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo.
Según la denuncia de su padre biológico, Carlos Arellano, el procedimiento —una mamoplastía— fue realizado el 12 de septiembre en una clínica privada y se trataba de un “regalo adelantado” por los 15 años de la menor. Sin embargo, asegura que nunca fue informado ni dio su consentimiento.
El 11 de septiembre, la madre de la joven le comunicó que viajarían a la sierra de Durango porque Paloma había dado positivo a Covid-19. Días después, el 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija estaba hospitalizada. Al acudir, la encontró intubada y en coma inducido.
La adolescente presentó graves complicaciones médicas, entre ellas paro cardiorrespiratorio, edema cerebral y encefalopatía hipóxica, lo que derivó en su muerte cerebral. Finalmente, falleció el 20 de septiembre.
El caso levantó sospechas desde el inicio. El padre denunció que el certificado de defunción señalaba como causa de muerte una “enfermedad”, lo que consideró un intento de encubrimiento. Durante el funeral, al abrir el ataúd, la familia paterna descubrió que la joven tenía un corpiño quirúrgico, implantes mamarios y cicatrices recientes, confirmando que había sido sometida a la operación estética.
La denuncia apunta directamente contra el cirujano Rosales Galindo y la madre de la menor, Paloma “N”, quienes habrían actuado sin autorización paterna. Incluso se mencionó que la madre pudo haber colaborado en el procedimiento pese a no tener acreditación médica.
Ambos se encuentran actualmente prófugos, y la Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo, mala praxis y omisión de cuidados.
El caso también ha generado presión política y social. El padre de la joven pidió garantías de imparcialidad, ya que el cirujano denunciado es hijo de un magistrado local. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Gobernación dará seguimiento al proceso para evitar irregularidades y garantizar justicia.
En paralelo, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) solicitó la suspensión provisional estatutaria del médico acusado. No obstante, esta medida solo aplica de forma interna y no implica una inhabilitación oficial para ejercer.